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Como reza su Exposición de Motivos, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 fundamentan su marco normativo en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), con el apoyo de su partido y del principal partido en la oposición en ese momento, el PP, con Mariano Rajoy al frente. Una reforma constitucional que no fue consultada al pueblo ni sometida a referéndum. Una modificación que ocasiona que, año tras año, los presupuestos se conviertan en un instrumento para gobernar contra las personas, recortando derechos y servicios. Personas para las que se ha creado un marco de inseguridad jurídica inaceptable. Porque en nombre del cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, se cuestionan las condiciones laborales de los empleados públicos, el derecho a cobrar una pensión o el derecho a obtener medicamentos para enfermos con bajos niveles de renta, por citar algunos ejemplos.
Estos presupuestos, en nuestra opinión, serán de nuevo un fracaso, como se ha demostrado hasta ahora con los anteriores desde que se ha perdido la soberanía política, desde el 27 de septiembre de 2011 y la reforma a oscuras de nuestra Constitución. No sirven para la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas como se predica, no sirven para fortalecer la confianza ni producen la estabilidad de la economía. Solo aprovechan para acreditar la sumisión del gobierno a las políticas de estabilidad impuestas para solucionar una crisis financiera, las pérdidas de la banca y los especuladores, a cuenta de los derechos y futuro de las personas. Que desprotege a los mayores, a los que están trabajando y ven peligrar su sustento familiar o personal, que deteriora el futuro de jóvenes y menores. Que no generará empleo hasta el año 2020, en el mejor de los casos, y que ha condenado al drama social a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas inocentes.
Es falso que se vaya a lograr el objetivo de la estabilidad, no es la finalidad. La finalidad es recortar para pagar un agujero que no han creado los ciudadanos, para salvar a los bancos y sus acreedores. Como dijo el Presidente Rajoy en sede parlamentaria, la finalidad es salvar el sistema bancario porque es como el sistema circulatorio para que un Estado siga vivo y funcionando, como si no hubiésemos conocido la caída de grandes bancos en Europa o América.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2014-2016, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 2013, se aprobaron por el Pleno del Congreso el 2 de julio de 2013. Establecen el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 5,8% del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 3,7%; la Seguridad Social del 1,1%; las Comunidades Autónomas del 1%; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el próximo año con déficit cero. Es decir, el Estado, sin competencias en materias como Educación, Sanidad y Servicios Sociales al mismo nivel que las Comunidades Autónomas, se reserva la mayor parte del déficit para, a nuestro entender, atender el pago de la deuda y de sus intereses, que han crecido exponencialmente.
Con este déficit del 1% para las autonomías y el 0% para las corporaciones locales, se impulsan cambios legislativos para recortar competencias y servicios mediante la recentralización, todo disfrazado de un marketing de las reformas, que quiere esconder la quiebra fraudulenta del Estado mediante la asunción de una deuda ilegítima, la cantidad de dinero prestada a terceros que figura en los balances públicos. Como no se pueden enviar las transferencias comprometidas por el traspaso de competencias se recurre a legislar contra los ayuntamientos, mediante falsos discursos de la simplicidad administrativa. Como decimos ante la reforma del marco legislativo local, el déficit de las Administraciones locales es del 0,2%, frente al 1,73% de las CCAA y el 6,98% del Estado. Las administraciones locales que acumulan mayor nivel de endeudamiento son las diputaciones y las grandes ciudades (+ de 500.000 hab.). En las que quien ahora quiere dar lecciones desde el Gobierno, han practicado el derroche, la contratación perjudicial y las inversiones dañinas. Es decir, entre pocas ciudades, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, se concentra el endeudamiento y la contratación desordenada que ahora se quiere corregir. Por no decir del ejercicio, no ya de competencias impropias, sino de actividades impresentables para corporaciones locales relacionadas con la construcción de contenedores vacíos –en muchos casos investigados estos expedientes por corrupción-, la planificación urbanística disparatada o la remuneración de asesores o el llamado ya como “cohecho fotográfico”, el pago de cantidades a personajes públicos, reales o no, para obtener notoriedad, sin pasar por ningún proceso administrativo objetivo.
De hecho el objetivo de deuda pública queda fijado para la Administración Central en un 72,8% del PIB en 2014. El límite de gasto no financiero se fija en 133.259 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al de 2013. Pero cae espectacularmente la inversión pública del Estado, las subvenciones, no se crea empleo público, las transferencias a Comunidades Autónomas… ¿Dónde va el dinero que nos lleva a aumentar nuestra deuda si la gestión ordinaria no debería de producir este déficit? Si a esta situación añadimos que la actividad industrial ha caído por un importe aproximado al 20% del PIB con esta crisis, no sabemos dónde quiere que se genere trabajo este gobierno con este presupuesto.
Siendo pues más prácticos para evaluar estos presupuestos, haremos una serie de pruebas simples que confirmarán algunas sospechas más.
Por ejemplo, comprobamos como nueve millones de pensionistas perderán poder adquisitivo el próximo ejercicio al entrar en vigor la nueva fórmula para actualizar las pensiones. Así, según datos elaborados por el propio gobierno que nos aporta este PGE, el IPC se quede por encima del 1% en 2014, las pensiones solo se revalorizarán un 0,25%. Lo mismo podemos decir para los funcionarios a los cuales se les vuelve a congelar su retribución, que junto al recorte del 5% practicada en 2010 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, sufren de tanto congelar una amputación salarial del 15% de sus haberes.
Miremos que pasa con Educación y Sanidad que son los pilares del gasto público de las Comunidades Autónomas y como el Estado contribuye con sus recursos. Pues bien, nada más lejos de la necesidad real y la coherencia. Encontramos que la Formación Profesional, la engañosa apuesta propagandística de la nefasta LOMCE del Ministro Wert, ve reducido su presupuesto en 2014. La partida para Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas desciende un 7%. Hecho objetivo: de 108,49 millones a 100,93 millones de euros. La nula ayuda a las Escuelas de Idiomas deja al descubierto que todas las propuestas de enseñanza trilingüe no son más que un artificio para impedir el uso de las lenguas propias de algunas comunidades autónomas como instrumento vehicular del proceso de aprendizaje. Si hubiese un interés honesto en la propuesta de la enseñanza del inglés se pondrían medios en escuelas de idiomas que no pueden atender a los profesionales de enseñanza que se quiere reciclar. Si se cree que la FP ha de ayudar a la mejora de nuestra competitividad, se efectuarían las inversiones pertinentes. Queda al descubierto que no se habla de educación con la Ley del Ministro Wert, se habla de política, de política de épocas ya superadas disfrazada de un cosmopolitismo barato para el que queda como muestra y retrato la presentación de la fallida candidatura olímpica de Madrid y los cafés en la Plaza Mayor.
Sanidad recorta su presupuesto en un 35% con la justificación de las deudas por dependencia de gobiernos y presupuestos anteriores. Mientras aumentan los copagos para medicamentos, se persigue a los enfermos crónicos y se impaga a las comunidades autónomas por la mencionada estabilidad a las entidades colaboradoras para acabar por recortar las ayudas para atender a los que más lo necesitan.
Se habla del objetivo del empleo y de la recuperación económica y con la lógica de este gobierno, que es hacer siempre lo contrario a lo racional por imperativo del austericidio, se perjudica la inversión en infraestructuras, que genera según las patronales del sector 18 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido. Así, se gastará un 8,6% menos que el año pasado y en inversión real el recorte llega al 17,14%. Las carreteras será la partida que se llevará un mayor recorte, con una dotación de 2.000 millones de euros, cuando el año pasado se destinaron 2.566 millones de euros. Aquí, aunque sea de paso, hay que citar los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin coches o los AVE sin viajeros, que se tendrán que rescatar o el posible rescate de la planta Castor por un importe estimado, salvo error, de 1.700 millones que alguien tendría que explicar y asumir como responsable político. Es decir, más que el total de la revalorización de las pensiones en un ejercicio, para poner una magnitud de contraste.
Por si no teníamos suficientes escándalos por corrupción en nuestro entorno, el fracaso de Europa se visualizó hace pocos días en Lampedusa. Y con nuestro presupuesto publico, ante la ignominia de nuestra sociedad que olvida a los que padecen, el Gobierno de Rajoy propone perjudicar las ayudas y dotaciones para el presupuesto destinado a Cooperación al Desarrollo. Dentro de la partida del Ministerio de Asuntos Exteriores, cae un 6%, lo que supone 26 millones menos para una de las políticas más maltratadas durante la crisis: durante los dos últimos ejercicios los fondos totales descendieron más de un 60%. Recuerdo aquí como letanía, los aeropuertos sin aviones o las autopistas sin coches o los AVE sin viajeros. La solidaridad del Gobierno con los otros no se ejerce para los de casa, ni para los vecinos de nuestra calle, ni para aquellos que sufren guerras injustas, hambre o subdesarrollo, ni para los que huyen de su tierra porque no pueden vivir más.
El colmo lo encontramos en una previsión de creación de más de 30.000 parados, como gran logro de un gobierno inútil para crear trabajo, así como sus políticas que rebajan la partida para pagar las prestaciones por desempleo en un 5,4%. Además, el dinero para formación, tanto de parados como de ocupados, desciende un 1,8%, en línea al desastre para la FP que propone el Sr. Wert. Si hay más parados y se destinan menos recursos será porque alguna cosa se trama. La última decir que 560.000 parados engañan para ir consiguiendo ese recorte por vía de infracciones administrativas mientras cada día nos desayunamos con casos de financiación ilegal, sobresueldos en negro y otras obscenidades para nuestra democracia. Se persigue más al parado que si llega tarde pierde sus miserables 426 euros; mientras a otros que han robado millones de euros o se han aprovechado del cargo para obtener prebendas, se les aplica la prescripción.
Porque en 2014 se destruirán empleos (-30.000) y seguirán los recortes del Estado del Bienestar. Son los Presupuestos del estancamiento, de un país que no crece porque el Gobierno ha elegido recortar el déficit y hundir el consumo (subiendo impuestos y congelando sueldos y pensiones) y la inversión pública, en lugar de reanimar la economía para crecer más y crear empleo. Un camino que lleva a recaudar menos, a no cumplir el déficit y a hacer más ajustes, recortando crecimiento y empleo. Un país con el doble de paro que Europa donde después de tres Presupuestos con recortes, el Presidente Rajoy ha perdido 1.230.000 empleos.
Los Presupuestos 2014, como los dos anteriores, son los Presupuestos del ajuste por imperativo legal. Pasar del 6,5% de 2103 al 5,8%. Esto supone otro ajuste de 7.200 millones que se pretende aumentando los ingresos y recortando gastos. A pesar de decir que no se efectúa una subida de impuestos se revisa la renta (IRPF), IVA al 21%, más IBI a los Ayuntamientos y más impuesto de sociedades (empresas). Y como novedad más IVA (del 10 al 21%) en algunos productos sanitarios y notarías. En total, 4.230 millones más de recaudación que no se obtienen de impuestos a la banca o grandes patrimonios o la revisión de los impuestos que pagan grandes empresas que distan de ser porcentualmente similares a los que pagan pequeños empresarios, comerciantes y autónomos. Por ajustes de balances, inversiones o supuestas pérdidas, grandes empresas con grandes salarios para directivos pagan relativamente menos impuestos. Por no hablar de los más de 230.000 millones que se han inyectado a la banca y que en intereses son una parte importante de los 35.000 millones. Un escándalo.
En 2014 cae también un 13,6% el dinero que el Estado transfiere a las autonomías. Contarán con 3.332 millones menos. Con este nuevo recorte, las autonomías tendrán que hacer nuevos ajustes en sus Presupuestos 2014, sobre todo en sanidad, educación, dependencia y gastos sociales. Si a esto añadimos los recortes que se efectúan a los ayuntamientos por una nueva ley y el déficit 0 que no permite el endeudamiento ni a los que pueden pagar, la iniciativa pública es anecdótica como motor de la economía y el empleo.
Lo decíamos el año pasado y lo repetimos ahora: estos presupuestos que el PP propone con su mayoría absoluta condena a la Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales a un callejón sin salida y reducen su capacidad para prestar los servicios transferidos y obligatorios con la eficacia necesaria. Se ataca la autonomía política de estas instituciones.
Se nos dice que este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Pues bien, nosotros humildemente consideramos que la sostenibilidad financiera y la estabilidad se consigue cuando los acontecimientos económicos no desbordan a diario, semana a semana, a un gobierno que viaja sin rumbo, sin dirección política, sin certidumbre y que no se plantea negar la mayor: que no se puede soportar ni el pago de esta deuda ni a los tipos de interés que reclaman nuestros acreedores.
Con estos objetivos que son de imposible cumplimiento se condena a la población a una pérdida de calidad de vida insoportable. Se condena a las Comunidades Autónomas a prestar de manera incorrecta los servicios que tiene encomendados y a los Ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, a la indigencia y a la calamidad. No podrán nuestros ayuntamientos ni arreglar las calzadas de sus calles ni acometer obras de mantenimiento porque el dinero se destinará a prestarlo a la banca y a las cajas que vivieron e invirtieron por encima de sus posibilidades, que jugaron su dinero y el de sus impositores, algunos engañados como los compradores de subordinadas, participativas y preferentes, y que ahora se rescatan.
Al final, el efecto de la congelación de sueldos y pensiones, más los recortes en el gasto y la inversión, es una caída del consumo (privado y público), que restará crecimiento a la economía. Eso deja el escaso crecimiento de España, un 0,7% en 2014, en manos de Europa y el comercio mundial, que podría crecer menos y dar al traste con las previsiones. Hay que ver solamente la crisis de Estados Unidos para el funcionamiento de su administración pública.
El Gobierno estima una nueva pérdida de -30.000 empleos en 2014, tras haber perdido otros 1.230.000 empleos, entre 2012 (-720.000 empleos) y 2013 (-510.000). Con 6 millones de parados resulta estrafalario que se hable de “los Presupuestos de la recuperación”. Y más cuando estiman un 25,9% de paro en 2014, un 0,7% menos porque muchos parados dejarán de buscar trabajo y los jóvenes se marchan a buscarse la vida a cualquier parte del mundo o los inmigrantes vuelven a sus países de origen.
Como dicen algunos autores cualificados ya pasó en 2012 y puede volver a pasar en 2013: no se consume, no se crece, no se recauda y hay que hacer más recortes o subir el IVA, con lo que se crece menos, hay más paro y menos consumo, se recauda menos y vuelta al círculo vicioso. Y encima, la deuda pública crece sin parar y en 2014, España deberá más de un billón de euros: en dos años de Gobierno Rajoy, ha crecido en 200.000 millones, más que con toda la etapa Zapatero.
Como anunciamos con los presupuestos de 2011 y 2012, las políticas denominadas del austericidio impiden el crecimiento y el consumo, nos sumergen en una gran depresión, en una gran crisis de confianza para los inversores. Estamos en niveles de inversión pública similares a la que había hace 25 años. Vamos hacía atrás, perdiendo el tren del siglo XXI. La falta de confianza y de una banca pública destruye el acceso al crédito de los emprendedores y la creación de empleo. Los ciudadanos y ciudadanas están pagando una crisis que no han creado. El Gobierno con estos presupuestos es cómplice de esta injusticia, con la coartada de una reforma legal de la Constitución y de una falsa austeridad, de la sumisión a terceros que no han sido investidos por los ciudadanos democráticamente y que controlan la acción del ejecutivo.
Por todos estos motivos solicitamos la devolución de este proyecto de PGE al Gobierno, para su reformulación por otros que dediquen más recursos a incentivar la economía y rescatar personas.