Las diferentes reacciones al debate parlamentario sobre la “consulta catalana” han sido tan previsibles como se esperaba. Nada nuevo. Incluso la lectura interesada y exagerada de algunos medios de comunicación que, lejos de escuchar los argumentos, interpretan unilateralmente el sentido y la intención del voto de unos y otros. Entre ellos, el mío. Compromís votamos sí a la propuesta presentada por el Parlament de Catalunya para que se permita legalmente una consulta ciudadana. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Quién teme a la democracia?
Desde algunos sectores se intenta derivar el debate hacia una vertiente legal. Es, obviamente, una excusa. Y muy mala, por cierto. Las leyes, por suerte, evolucionan. Y lo que hoy no es legal, mañana puede serlo. Que le pregunten, si no, a Montoro y a los defraudadores amnistiados. Tan peregrino argumento, el que la consulta ciudadana no puede realizarse porque no tiene cabida legal en el ordenamiento jurídico, es de un inmovilismo aterrador. Y tan poco consistente como hipócrita. Porque esos diputados y esas diputadas (recordemos: el poder legislativo) que lo defienden, tienen como misión aprobar, modificar o suprimir leyes. ¿O no consiste en eso su trabajo? Desde esa perspectiva, por poner un ejemplo, las mujeres no podrían votar, ya que, en su momento, no era “legal”. De hecho, no hubiera habido ningún avance social en siglos. No, no es una cuestión de legalidad: si las leyes no permiten algo sensato, justo, hay que cambiarlas.
Sorprende también la recurrente llamada al respeto a la Constitución. Esa que recoge principios tan mancillados como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, a un sistema fiscal progresivo y justo o a la revalorización de las pensiones y que fue modificada por los dos partidos mayoritarios de la noche a la mañana para dar cobertura a las exigencias de la troika y a los intereses financieros. La misma que consagra que la soberanía reside en el pueblo. ¿De verdad reside en el pueblo? Porque de eso se trata, de democracia, de darle la voz al pueblo y, por supuesto, de escucharlo. De saber cual es la voluntad de la mayoría de la ciudadanía y de actuar en consecuencia, evitando que se imponga lo que creen unos pocos. Es cierto que esos pocos, la mayoría parlamentaria española PP-PSOE, están legitimados por las urnas, como también se viene repitiendo hasta la saciedad, como un “no hay más que hablar”. Pero supongo que igual de legitimada que la mayoría parlamentaria catalana que cree que hay mucho que hablar y que está convencida y dispuesta a escuchar a la ciudadanía.
El derecho a decidir no es nuevo. El propio estado español, como miembro de las Naciones Unidas, firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece, en su artículo 1, que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”. Y es aquí donde nos encontramos con el problema real: el reconocimiento de Catalunya como pueblo, como nación, que el estado español le niega desde hace tres siglos.
De igual manera que nos lo niega a nosotros, el pueblo valenciano. Una realidad que, desde Compromís, estamos decididos a seguir combatiendo, de la misma manera que estaremos siempre al lado de cualquier propuesta que plantee darle la voz al pueblo, individual o colectivamente. Porque, en definitiva, y copiando el título de un artículo que parafraseava a un presidente de los Estados Unidos, “es la democracia, estúpidos”.